El diputado local del PRI, Cesar Rojas Rabelo, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Hacie

LEANDRO DE LA O

El diputado local del PRI, Cesar Rojas Rabelo, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda Municipal para homologar los cobros que los ayuntamientos hacen por servicios a los empresarios.

Dijo que en este propuesta se plantea “que los ayuntamientos se abstengan de realizar el cobro de licencias y permisos para funcionamiento de las empresas comerciales, industriales o de prestación de servicios”.

Tras las quejas de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), en relación a que los empresarios son extorsionados con cobros ilegales por los ayuntamientos de Macuspana, Balancán, Huimanguillo, Nacajuca y Jalpa de Méndez.

Indicó que en la actualidad “cada municipio (ayuntamiento) cobra lo que literalmente se le ocurre al gobernante en turno, pudiendo de un año a otro subir, bajar, desaparecer el cobro o bien establecer nuevos cobros por otros conceptos”.

Y abundó: “Hoy por hoy lo mismo les imponen cobros por anuncios en sus negocios, que por servicios de protección civil, por recolección de basura o por constancia de protección ambiental, por la entrada de camiones a la ciudad o cabecera municipal por la carga y descarga de sus productos, por el uso de suelo y por derecho de piso”.

Señaló, además, que la iniciativa propone reformar la tabla de derechos del artículo 146 Bis y adicionar el artículo 127 Bis en lo relacionado servicios en materia de ecología y protección al ambiente.

Refirió que también se adiciona en el artículo 146 el artículo XI denominándolo servicios en materia de protección civil, y el capítulo XII que quedaría “Del uso de la vía pública o de otros bienes de uso común”.

En protección al ambiente, dijo, se propone cobrar únicamente el pago anual de constancia de no alteración al medio ambiente y el de manifestación de impacto ambiental como un pago único al inicio de la actividad empresarial.

En cuanto a protección civil, señaló que se cobraría únicamente la constancia de certificación en medidas de seguridad y se proponen tarifas para regular el cobro de derechos para realizar maniobras de carga y descarga reguladas por la ley.